Condenada por intrusismo una mujer que ejercía como podóloga

20-10-2017 - www.diariodesevilla.es
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Un juzgado ha condenado a una mujer de Los Palacios a pagar una multa de 960 euros por un delito de intrusismo profesional, al haber ejercido de podóloga careciendo de la titulación exigida, tras la querella presentada por el Colegio de Podólogos de Andal

Un juzgado ha condenado a una mujer de Los Palacios a pagar una multa de 960 euros por un delito de intrusismo profesional, al haber ejercido de podóloga careciendo de la titulación exigida, tras la querella presentada por el Colegio de Podólogos de Andalucía, que preside Jorge Barnés.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Utrera ha declarado probado que la falsa profesional realizaba en su domicilio de Los Palacios y Villafranca labores propias de la podología por las que establecía una tarifa, todo ello sin estar en posesión de la titulación académica correspondiente, por lo que le ha impuesto el pago de una multa de ocho meses -con una cuota diaria de cuatro euros-, así como a indemnizar al colegio y al pago de las costas. Esta sentencia se une a la dictada recientemente en la provincia de Málaga, donde fue condenado otro falso podólogo. Entre las sentencias favorables tras denuncias por intrusismo realizadas por el Colegio de Podólogos de Andalucía, destaca una pena de prisión en la provincia de Almería a final de 2015.

EL COLEGIO ANDALUZ DE PODÓLOGOS TIENE ABIERTAS 43 CAUSAS POR INTRUSISMO PROFESIONAL
La lucha contra el intrusismo y la ilegalidad en el ejercicio de la profesión es una de las prioridades de la Junta de Gobierno del Colegio de Podólogos de Andalucía, que actualmente tiene abiertos 43 procesos judiciales en las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.

Fuentes del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía explicaron ayer que la institución persigue esta práctica ilegal de la profesión sanitaria que, "no sólo perjudica a los profesionales titulados y colegiados, sino también y sobre todo a la ciudadanía, al poner en riesgo la salud de los pacientes, que en casos especialmente serios como el pie diabético puede derivar en graves complicaciones cuando son tratados por individuos sin titular y que por tanto, no poseen ni dominan las competencias de un podólogo".

El colegio que preside Jorge Barnés pide a la Fiscalía y a las Fuerzas de Seguridad del Estado que "incrementen" los esfuerzos en la investigación y persecución de estos casos, dadas la gravedad de las posibles consecuencias y la dificultad que para la obtención de pruebas tiene una institución colegial.

En este sentido, el jefe de la asesoría jurídica del colegio de Podólogos, Antonio Sánchez, afirmó ayer que "el 80% de las denuncias del sector se refieren a prácticas de intrusismo, de las cuales la mayor parte no son investigadas si el colegio no aporta las pruebas, lo que es sumamente difícil para una corporación profesional dadas las circunstancias en que se comete este delito".

El colegio andaluz recuerda a la ciudadanía que la acreditación oficial de colegiación debe estar visible en la consulta de podología. Ante una sospecha de intrusismo, el colegio inicia las comprobaciones sobre la colegiación del individuo y sobre si la consulta está inscrita en el registro de centros sanitarios de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. El siguiente paso se centra en la consecución de pruebas fehacientes a través de los propios pacientes víctimas del fraude y en ocasiones recurren a servicios de detectives.

En la línea de lucha contra el intrusismo profesional, los podólogos andaluces mantienen una estrategia de actividades encaminadas a sensibilizar a la ciudadanía sobre las funciones del podólogo y sobre la importancia de la prevención y la salud del pie, que repercute sobre el estado general del organismo.

La institución defiende que los podólogos son los únicos profesionales sanitarios especializados en el pie, y tienen la capacidad de recibir directamente al paciente, diagnosticar, tratar, prescribir medicamentos e intervenir quirúrgicamente. "Poner los pies en manos de personas no tituladas ni capacitadas para el ejercicio reglado de la profesión, es poner en riesgo la salud", aseveran desde el colegio.

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