La Audiencia de Las Palmas juzga al propietario de dos clínicas dentales por intrusismo y estafa

20-11-2017 - www.eldiario.es
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El imputado tenía abiertas las clínicas en los centros comerciales de Las Arenas y Siete Palmas, donde atendió a cientos de pacientes en 2006 sin que hubiera en ellas odontólogos

La Audiencia de Las Palmas juzgará la próxima semana al dueño de varias clínicas dentales de la capital grancanaria por supuestamente haber estafado a casi un centenar de clientes y por intrusismo, por lo que se enfrenta a cinco años de cárcel y a una multa de 4.860 euros.

Contra el acusado, Gustavo G.S.B, formula acusación el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Las Palmas, ya que la Fiscalía no presenta cargos en este juicio que celebrará la Sección Sexta de la Audiencia a partir del lunes.

La acusación ejercida por el Colegio de Odontólogos exige además que el procesado indemnice con 1.000 euros a cada uno de los perjudicados en la causa.

Según el escrito de la acusación particular, el imputado tenía abiertas dos clínicas dentales en los centros comerciales de Las Arenas y Siete Palmas, donde atendió a cientos de pacientes entre los meses de abril y agosto de 2006, sin que hubiera en ellos un odontólogo, médico estomatólogo o cirujano maxilofacial como exige la normativa.

Por este motivo, los dos establecimientos fueron cerrados por la Consejería de Sanidad, pues solo trabajaban en ellas dos odontólogas, una de ellas de origen sudamericano que se encuentra en paradero desconocido.

Además, las dos clínicas se abrieron con documentación falsa y en base a las titulaciones de dos odontólogas que ni siquiera trabajan en la isla de Gran Canaria.

El Servicio Canario de Salud, en febrero de 2006, efectuó diversas inspecciones sanitarias en las dos clínicas y en marzo también realizó otra inspección sanitaria en otro local del acusado situado en otro centro comercial de la ciudad.

Según el Colegio de Odontólogos, el acusado tenía trabajando "por su cuenta y riesgos a diversos presuntos odontólogos que ni poseían los títulos académicos ni estaban colegiados" e incluso una empleó número de colegiado de otra odontóloga por la que se hacía pasar y que nunca trabajó en la clínica del procesado sino en Lanzarote.

En otros casos se empleó un documento de colegiación falso y otro de un odontólogo inhabilitado para el ejercicio de la profesión, según el escrito de acusación, que añade también que el acusado contrató a personal auxiliar sin cualificación alguna al que encargaba limpiezas dentales, entre otras funciones.

La acusación particular sostiene también que el procesado efectuó actos de intrusismo al realizar actividades de odontólogo, médico estomatólogo y cirujano maxilofacial, según denunciaron dos pacientes.

Para el Colegio Oficial de Odontólogos, el perjuicio causado era aún mayor porque muchos de los pacientes disponían de un bajo nivel de ingresos y tuvieron que pedir préstamos a entidades financieras para pagar un tratamiento que no se les prestó al no existir odontólogos en las clínicas dentales cerradas por el Servicio Canario de Salud.

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